Casos reales
Un organismo autónomo, que gestiona la programación cultural del ayuntamiento X remite a todos los socios un correo electrónico con la información sobre las actividades culturales que se van a realizar durante el mes.
Al hacer el envío no se pulsó la pestaña CCO, de destinatarios ocultos, lo que conllevó que todas las direcciones de correo electrónico y los nombres y apellidos que los acompañan y que aparecen en el campo “para” fueran accesibles para todos los destinatarios.
Algunos de los destinatarios, ofendidos, solicitan información sobre qué deben hacer para subsanar lo que consideran una irregularidad.
Lo cierto es que ya el envío no es subsanable, la información se ha remitido y todos los destinatarios disponen de los datos de todos. Aunque se haya realizado por error y sin mala fe, la reparación es ya imposible.
Al tratarse de una entidad pública los afectados pueden denunciar el hecho ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, que podría declarar una infracción, al organismo autónomo.
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Aritz, 45Comunicados no deseados
Aritz ha recibido en su domicilio un catálogo sobre una importante exposición de pintura en una galería de arte. Inicialmente, piensa que será un error, él no está suscrito a esa publicación, pero comprueba que viene dirigido a su nombre, con la dirección completa de su domicilio. Su asombro es mayor cuando comprueba que, en los días sucesivos, su esposa y sus dos hijos reciben idéntico catálogo, con el nombre y dos apellidos de cada uno y la dirección correcta.
No explicándose el envío decide llamar a la galería de arte para averiguar como han obtenido sus direcciones.
Sin ningún inconveniente en la galería le responden que es gracias al club de tenis de la localidad, que les ha facilitado la dirección de todos los socios, lo que ha permitido hacerles llegar tan interesante exposición.
Aritz está molesto, pero no sabe cómo actuar, porque aunque la intención de la Galería ha sido buena, no le gusta que nadie disponga de los datos de toda su familia.
¿Qué debe hacer? Al tratarse de una entidad privada, que ha utilizado los datos para una finalidad diferente de aquélla que motivó la recogida, además sin su consentimiento, puede denunciar este tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos.